lunes, 1 de julio de 2019

“CON ÁNIMO DIABÓLICO Y MANO ARMADA”: LA TALA FURTIVA DE MÁS DE 500 ROBLES Y HAYAS EN LA MERINDAD DE VALDEBURÓN (1590)


En la actualidad entendemos mejor que nunca el enorme daño que nuestra especie ha causado al planeta. En términos ecológicos somos una plaga. Se mire por donde se mire, la superpoblación humana es una plaga que está terminando con los recursos naturales. Hoy somos conscientes de que esto provocará nuestra propia extinción porque ya estamos sufriendo los primeros efectos.

Las excavaciones arqueológicas en los yacimientos mesolíticos de la cueva de La Uña y El Espertín atestiguan la presencia en el lugar de pinos, robles y castaños (1). Las excavaciones de la necrópolis megalítica de Vegabaño (Sajambre) siguen hablando de la existencia del pino (2). Hoy no hay en pinos en esta región de España, aunque todavía se conservan en el Macizo Oriental de Picos de Europa.   

La vertiente asturiana de Picos, donde se encuentran los concejos de Sajambre y Valdeón, ha preservado hasta la actualidad sus bosques de robles, hayas y castaños. La vertiente leonesa de esta formación geológica, donde se encuentra el concejo de Burón, ha perdido la gran mayoría por la acción antrópica. La masa arbórea de pino, roble, haya y castaño que se documenta en el pasado despareció primero en la vertiente leonesa de Valdeburón, de tal manera que los puertos altos de la Cordillera marcan hoy una clara frontera vegetal entre las dos vertientes.

Existe un documento muy significativo que describe la intervención del hombre en la deforestación del lado sur del Puerto de Pontón, en los términos que se extienden entre las poblaciones de Vegacerneja y Cuénabres. El documento está fechado el 28 de marzo de 1590 y en él se denuncia un desastre ecológico causado por varios vecinos del lugar de Cuénabres, quienes 

Con ánimo diabólico y mano armada, dando favor los unos a los otros, avían entrado en los montes de Oyo de Las Linares y El Oyo Ladronero y el Brivecaro, que hera del dicho lugar, su parte, y con muchas oces, achas y seguras y otras herramientas avían trocado y cortado y destroncado mucho a esta parte de los dichos montes para atamar sus ganados, cortando los robles y ayas por el pie en más cantidad de quinientos pies. Y demás desto, teniendo el dicho conzejo, su parte, en el dicho término una maxada cubierta y plantada de robles y ayas y acebos y otros jéneros de árboles,  que se llama la Maxada del Hoyo de los Linares, dende en tiempo fortuito de tempestades las bacas y bueies del dicho conzejo, su parte, se advergaban e amaxadavan durmiendo en los dichos árboles, los dichos acussados cortaron, destroncaron por el pie dichos árboles robles y aias que en la dicha maxada estavan plantados y los echaron al suelo para dar de comer a los dichos sus ganados. En lo qual los vezinos del dicho lugar de La Bega, su parte, rescivieron notorio daño y agravio, y los dichos acusados cometieron delito por lo aver echo y caieron e yncurrieron en grandes y graves penas cebiles y criminales estatuidas por leies y premáticas destos reinos (3).

La denuncia la hace el concejo (entendido como asamblea vecinal) de Vegacerneja contra Julián  de Locra, Juan de Riaño, Rodrigo del Cueto, Juan Prieto el mozo y Alonso González y consortes, todos vecinos de Cuénabres, que estuvieron cortando árboles durante tres días. Para fundamentar su denuncia, el pueblo de Vegacerneja aporta un documento del 13 de marzo de 1588 donde se permite acotar términos para asegurar la existencia de la madera necesaria para las obras y reparos de casas, hórreos y puentes, así como para fabricar carros y ruedas. A decir de los de Vegacerneja, los términos saqueados por los de Cuénabres eran lugares acotados para tales usos.

Los jueces ordinarios del concejo de Burón, Bartolomé Álvarez y Pedro Allende, ante quienes se efectuó la denuncia, decretaron el 17 de mayo de 1591 una multa de 10.000 maravedís por cada vez que los vecinos de Cuénabres cortasen árboles en los términos de Vegacerneja. A los furtivos que talaron más de 500 robles y hayas se les condenó al pago de 8.000 maravedís, incautación de bienes y pena de cárcel hasta poder satisfacer el daño causado.

Pues bien, nueve años más tarde, el 3 de abril de 1600, los procuradores de Cuénabres (documentado Bénabres y Quénabres), que fueron Bartolomé  González y Miguel Cardo, presentaron recurso a las justicias de la Merindad argumentando que tenían todo el derecho a aprovechar los lugares del Hoyo de las Linares, el Hoyo Ladronero, el Brivecaro y la Pena Xalaia porque eran términos mancomunados con Vegacerneja:

En quanto a dezir que no podían cortar por el pie para sus carros y ruedas y hórrios, como su rama para el tamio de sus ganados, como la rama verde para oxa y hazer en los dichos términos todos los demás aprovechamientos... En quanto a esto salían a la dicha causa y dezían que los dichos jueces devían de declarar los dichos sus partes y conzejo de Quénabres aver estado de tiempo ynmemorial a esta parte en posesión, usso y costumbre, como señores y propietarios en comunidad con las partes contrarias, en ygual grado y ramo de propiedad y posessión en comunidad con las partes contrarias, sin que la una pudiesse proyvir a la otra y la otra a la otra, y según esto estar y aver estado en posessión de pazer con sus ganados maiores y menores de día y de noche, y en todo tiempo del año las hierbas, y beber las aguas corrientes y manantiales en los dichos términos, y estar y aver estado en posessión de cortar en los dichos montes, ansí madera por el pie para carros, ruedas, cassas y hórrios, como tarmar la rama para comer el ganado y para oxa.

Los de Cuénabres alegaron también que La Vega solo tenía como territorio propio y privativo 

...el monte de Llombano y todo lo que estava en redondo aguas bertientes al pueblo de La Bega, su propio salido para coto de monte, arbolia, El Balle y Las Llorentes (sic) (4). Y los términos y montes sobre que hera dicho pleito heran comuniegos en propiedad entre los vezinos de Quénabres y La Vega.

Ante este giro del proceso y a la espera de que se resolviera el conflicto, los jueces ordinarios de Burón ordenaron liberar de la prisión a los vecinos de Cuénabres que seguían en la cárcel desde 1591. Esto indica el rigor de la legislación consuetudinaria contra este tipo de delitos que, en los propios documentos, aparecen como criminales porque atentaban contra el bienestar de las personas (en este caso, de los vecinos de Vegacerneja) y contra la salud de los montes.   

Las justicias de la Merindad volvieron a dar la razón a los vecinos de Vegacerneja. Tiempo después, los de Cuénabres decidieron seguir batallando ante las justicias del rey.  El 19 de noviembre de 1628, los oidores de la real Chancillería de Valladolid dictaron sentencia a favor de los vecinos de Vegacerneja por no ajustarse los de Cuénabres a los plazos legales establecidos. El 8 de enero de 1629 se publicó en Valladolid la sentencia definitiva que ratificaba la dictada por la justicia ordinaria.  Finalizaba así un conflicto que se alargó durante 39 años. 

*

Es posible que los términos en litigio hubieran sido mancomunados en algún tiempo del pasado –seguramente- medieval, aunque a finales del siglo XVI ya se habría consolidado la apropiación por parte de Vegacerneja. Conflictos similares se detectan en otros muchos términos limítrofes entre concejos y entre pueblos en toda esta región. Yo misma he tratado sobre algunos de los que atañen a Valdeón y a Sajambre en distintas publicaciones; y lo mismo observó José María Canal Sánchez-Pagín para otros lugares del antiguo concejo de Burón.  

Al margen de esto, la causa última de la tala masiva de robles y hayas en Vegacerneja fue la ganadería: los vecinos de Cuénabres cortaron para alimentar a sus ganados. He aquí una de las causas de la deforestación progresiva de la región: la necesidad de alimentar a la cabaña ganadera, sea por ganar lugares de pasto a costa del bosque mediante la quema de vegetación (el busto medieval), sea para alimentar directamente a los animales domesticados (el tamio que se hace al tamiar, tarmiar o talmiar, que de las tres maneras se registra en los siglos XVI y XVII).  En el retroceso histórico del bosque intervino también la agricultura con la necesidad de roturaciones.

Pero estos y otros muchos documentos nos proporcionan también las otras causas de la deforestación: la constante explotación de la madera para la construcción de las edificaciones (casas, hórreos, invernales, puentes),  para la fabricación de los medios de transporte (carros, ruedas, rametos...), de los aperos de labranza e instrumentos de trabajo (arados, yugos, garabatos, palas, cubas, herramientas...) y de los objetos de uso doméstico (camas, mesas, escaños, arcas, sillas, escudillas,  cucharas...), así como de las manufacturas que se vendían fuera de la tierra.    

De otro lado, todos los bosques del reino proporcionaron materia prima para los navíos, pero este tipo de aprovechamiento se documenta muy poco en esta zona. En cambio, se conserva más información en la vertiente asturiana. Así, por ejemplo, conocemos un pleito sucedido en 1566-1580 entre los concejos ribereños del Seya sobre un entrampe intencionado en el río, que perjudicaba el tránsito de mercancías que se hacía por su cauce alto, medio y bajo, donde se cuenta cómo 

...los conçejos de Ponga, Anieva (por Amieva), Piloña, Nava, Parres y Cangas hasta la villa de Riva de Sella y la mar alta del Mar Oçéano donde él y todos los dichos concejos resçivían aprovechamiento ansí de los salmones, lampreas y otros pescados, y de llevar por el río avajo nuestras maderas de toda tabla, chapón, bigas y pontones e mástil para navíos y otras muchas maderas (5). 


Los registros arqueológicos y documentales demuestran la existencia de población en esta región montañosa de la Cordillera Cantábrica desde el Paleolítico (Collubil, El Espertín), eso sí, con variaciones y fluctuaciones demográficas. Durante decenas de miles de años, el hombre interactuó con el medio no siempre para bien, produciéndose el mayor índice de deforestación al sur del puerto seco de Pontón -posiblemente- durante la Edad Moderna.    



1588, marzo, 13. Burón. 
Valladolid, A.R.Ch., Registro de Ejecutorias, caja 2513, n.56 (de 37 págs.), ff.1r-v.



En la villa de Burón, a trece días del mes de marco de mill y quinientos y ochenta y ocho años, ante mí, el escrivano, y testigos, estando en junta y regimiento la justicia y regidores e procurador general desta villa y concejo de Burón para tratar y comunicar las cosas útiles y convinientes al vien público de este concejo, nombradamente Bartolomé Álbarez y Pedro de Allende, jueces hordinarios en la dicha villa y su jurisdición por el rey // (f.1v), nuestro señor, Juan Álbarez de Larzo, procurador general, Rodrigo Alonsso, moço, Francisco de Algos (sic), Torivio Sánchez, Torivio Sánchez de Larço, Torivio de Riano, de Bénabres, y Juan Canal y Gabriel Rodríguez de Polveredo, Hernando Panyagua del Garro, Torivio Alonsso de Retuerto, Juan Ruvio de la Vega, Juan de Perancho de Cassaguertes, regidores desde concejo de Burón, juntos de un acuerdo y conformidad dixeron que, por quanto hera mui nesesario, útil y provechosso al bien público deste concejo para la conservación y cría de los montes para las hobras y reparos de cassas y hórrios y puentes y otras cossas mui nesesarias, que cada lugar coteasse y dehessasse en sus salidos lo que les pareciesse (e) conveniesse.

Dixeron y ordenaron y mandaron y dieron lizencia a los vezinos de esta villa y de los demás lugares de esta juridición para que puedan cotear cada uno en sus salidos montes de roble y aya que les pareciere ser convenientes. Y que puedan prendar de los cotos que hizieren y executar la pena que pusieren, sin por ello caer en pena ninguna. Y por este su auto ansí dixeron que lo mandavan guardar y cumplir desde aquí en adelante durante el tiempo que el cencejo y sus oficiales no acordaren otra cossa. Y mandaron que cada regidor lo haga saber en su lugar. Y no firmaron que no supieron.

Testigos: Rodrigo de Ponga, moço, que firmó por los dichos juezes y regidores, y Gonzalo Rodríguez, vezino de este concejo de Burón. Y yo, el escrivano, que dello doy fee y lo firmé.

Por testigo, Rodrigo de Ponga.

Passó ante mí, Hernando de Ponga, escrivano.

Ba testado do dezía “para con ser”. No enpesca. Ba entre ringlones o diz “mui nesº útil y provechoso al bien público deste concejo conserbación”. Bala, que ansí a de dizir.

E yo, el dicho Hernando de Ponga, escrivano público del rey nuestro señor y del número de este concejo, a lo que de mí se haze mención fui presente, lo que dicho es fío e por mandado del rey, nuestro señor, y por ende fice aquí mi signo en testimonio de verdad. Ernando de Ponga, escrivano.





1590, marzo, 28. Vegacerneja.

Valladolid, A.R.Ch., Registro de Ejecutorias, caja 2513, n.56 (de 37 págs.), ff.1v-3r.

Después de lo qual en el lugar de La Vega, a veinte y ocho días del mes de março, del año de // (f.2r) mil y quinientos y noventa, ante Rodrigo Álbarez de Cernexa e Rodrigo de Cimadevilla, jueces hordinarios en la dicha villa e conzejo de Burón, pareció Juan Gómez, vezino y regidor del dicho lugar de La Bega, en nonbre de los vezinos y moradores dél y presentó un escrito de acusación y querella contra Julián  de Locra e Juan de Riano e Rodrigo del Cueto, Juan Prieto el moço e Alonsso Gonzáles y consortes, vezinos del dicho lugar de Bénabres, en que dixo que hera ansí que estando mandado por la junta y regimiento del dicho conzejo que cada lugar de los desa jurisdición pudiesse cotear los montes e términos de su salidos y que estuviesen ynclusos dentro de su meseguería, para la guarda de los dichos montes y por la mucha necesidad que dellos avía para los edifiçios de cassa y hórrios que los vezinos de los tales lugares querían edificar, eceptando los montes que fuessen comunes, y estando así mandado por el dicho auto y constituido por sus vezinos de los dichos lugares, los vezinos de dicho lugar, su parte, cotearon los montes y términos que llaman El Hoyo Ladronero y El Brivecaro para que ninguna persona fuesse ossado a cortar ni talar en los montes del dicho término, que hera salido del dicho lugar, mi parte, y estava yncluso y dentro de su meseguería y guarda.

Y no teniendo en los montes ningún aprovechamiento ni ningún vezino deste conzejo, más de solo los dichos vezinos, su parte, los dichos acusados, propuesto el temor de Dios y en menosprecio de la Justicia, el juebes próximo pasado que se avían contado veinte y dos, y biernes y sábado que se avían quontado veinte y tres y veynte y quatro del presente mes de março, con ánimo diabólico y mano armada, dando favor los unos a los otros, avían entrado en los montes de Oyo, de Las Linares y El Oyo Ladronero y el Brivecaro, que hera del dicho lugar su parte, y con muchas oces, achas y seguras y otras herramientas avían trocado y cortado y destroncado mucho a esta parte de los dichos montes para atamar sus ganados, cortando los robles y ayas por el pie en más cantidad de quinientos pies. Y demás desto, teniendo el dicho conzejo, su parte, en el dicho término una maxada cubierta y plantada de robles y ayas y acebos y otros jéneros de árbole,  que se llama la Maxada del Hoyo de los Linares, dende en tiempo //(f.2v) fortuito de tempestades las bacas y bueies del dicho conzejo, su parte, se advergaban e amaxadavan durmiendo en los dichos árboles, los dichos acussados cortaron, destroncaron por el pie dichos árboles robles y aias que en la dicha maxada estavan plantados y los echaron al suelo para dar de comer a los dichos sus ganados. En lo qual los vezinos del dicho lugar de La Bega, su parte, rescivieron notorio daño y agravio, y los dichos acusados cometieron delito por lo aver echo y caieron e yncurrieron en grandes y graves penas cebiles y criminales estatuidas por leies y premáticas destos reinos. En las quales pidió a los dichos alcaldes que  avida ynformación de la dicha su querella, los condenassen y executassen en sus personas y vienes, prendiéndolos y teniéndolos pressos y a buen recaudo, según lo requería la calidad del delito, sin le sacar en suelto ni en fiado, e yncidentemente pidía los condenasse a que pagassen y restituiessen al dicho conzejo, su parte, el daño que en la dicha monte y maxada avían echo, que estimavan en quinientos ducados, salvo la judicial tasación de los dichos alcaldes y a que adelante no cortassen ni talassen los dichos montes. E aciendo en todo cumplimiento de justizia, la qual pedía.

Otrosí a los dichos alcaldes pidió mandassen a quatro ombres que estimassen e viessen el daño que en los dichos montes estava echo. Y visto lo viniessen a declarar conjuntamente ante los dichos alcaldes para que dello les contasse, y contando le mandassen dar mandamiento de embargo para que los vezinos de Cuénabres no cortassen ni talassen en los dichos montes asta en tanto que por los dichos alcaldes se determinara. Sobre que pidió justicia.

Los dichos juezes mandaron que el dicho Juan Gómez diessen ynformación de lo contenido en la dicha querella y parece la dio en cierta forma. Y visto por los dichos juezes dieron y pronunciaron  un auto del tenor siguiente: 

E luego yncontinente, este dicho día, mes y año, el lugar susodicho ante mí, el dicho escrivano y testigos, los dichos Rodrigo Álbarez e Rodrigo Cimadebilla, juezes, aviendo visto el pedimiento fecho por el dicho Juan Gómez y la querella e ynformación por él dada y que por ella consta los términos contenidos en la dicha querella ser salidos del dicho lugar de La Bega y estar dentro de su meseguería, dixo mandava e mandó dar su mandamiento de prisión por los culpados. Y mandaron a mí, el dicho escrivano, a costa de parte, notifique al conzejo y vezinos // (f.3r) del lugar de Quénabres e sus rejidores no corten ni talen más en los dichos montes ni términos de Hoyo de las Linares, ni Hoyo Ladronero y el Breviecaro asta en tanto que esta causa se determine difinitivamente...

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NOTAS
(1) Federico Bernaldo de Quirós y Ana Neira Campos, “Paleolítico Superior Final de alta montaña en la Cordillera Cantábrica (Nordeste de León)”, Pyrenaf, 24 (1993), pp.17-22; aquí, p.19.
(2) Pablo Arias Cabal, Carlos Pérez Suárez y Luis C. Teira Mayolini, “Nuevas evidencias del Megalitismo en la Región de los Picos de Europa”, Férvedes, 2 (1995), pp.35-48.
(3) Valladolid, A.R.Ch., Registro de Ejecutorias, caja 2513, n.56, de 37 págs.; aquí, ff.2r-3r.
(4) Este lugar que el escribano de cancillería copió en el registro como Las Llorentes es, en realidad, el actual Las Urentes, antiguo hayedo de Vegacerneja. En otros documentos de 1627 y de 1632 se registra como Las Jurentes (con una j clara), señal de que se escribía con /h/ (Las Hurentes) y se pronunciaba aspirando dicha letra, como se hacía y se hace en el asturleonés oriental, dominio lingüístico al que perteneció Valdeburón y cuya llingua solo se conserva hoy en Pio de Sajambre.
(5) Valladolid, A.R.Ch., Registro de Ejecutorias, caja 1514, n.35.

sábado, 22 de junio de 2019

UNA ÉPOCA OSCURA EN LA HISTORIA DE SAJAMBRE: EL SIGLO XIV

Empiezo aclarando que lo que voy a presentar en esta ocasión necesita de un estudio especializado y en profundidad que, por el momento, yo no puedo abordar.  No obstante, pese a todas las lagunas que existen, los documentos conservados permiten un acercamiento a una época conflictiva pero muy interesante.  

Ese período abarca una parte del siglo XIV y debe comprenderse en el marco del proceso de señorialización que sufrió todo el reino de Castilla en la Baja Edad Media, especialmente durante los reinados de Fernando IV y Alfonso XI.

La he llamado « época oscura » no en un sentido peyorativo, sino debido a la ausencia de conocimiento sobre la realidad histórica en estas tierras y a la escasa información documental disponible que, además, contradice lo que se ha llegado a afirmar de forma demasiado categórica sobre Sajambre.

El momento que da inicio a esta edad oscura tiene su fundamento jurídico en una decisión de Fernando IV que se materializa en una carta abierta fechada el 28 de agosto del año 1306 y que dice así:

Don Ferrando, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Seuilla, de Córdoua, de Murçia, de Jahén, del Algarue e sennor de Molina. A los conçejos de Sayame e de Salio e de Ferrerras e de Corniero. Salut e graçia. 

Sepades que yo tengo por bien de dar a don Alffonsso, mío vasallo, fijo del inffante don Johán, mío tío, los derechos destos logares, que los tenga de mí para cadanno en cuenta de su soldada. Por que vos mando que recudades daquí adelante con ellos al dicho don Alffonsso o a quien vos él enbiare dezir por su carta e non a Diago Ramírez de Çidffuentes, nin a Diago Ramírez Muxino, nin a otro ninguno por cartas mías de donadío que ellos tengan de mí, nin por otra razón ninguna. E non fagades ende al. 

Dada en León, XX e ocho días de agosto, era de mill e CCCª e XLIIII annos. 

Yo, Ferrnand Yánnez, la fiz escriuir por mandado del rey (1).  

Sepan los profanos que, reducida al cómputo actual, la era de 1344 es el año de 1306.

Como se ve, Fernando IV concede a don Alfonso, hijo del infante don Juan,  nieto de Alfonso X y señor de Valencia de Campos, el derecho a cobrar todos los impuestos en los concejos de Sajambre (claramente Sayame), Salio, Ferreras y Corniero. Por esta razón, en la orden real se explicita que se debe pagar al señor de Valencia o a quien él enviara, y no a los dos Diego Ramírez que se mencionan, ni a ningún otro que tuviera cartas de donación o entrega de tales derechos por parte del rey (2).  

Es decir, el monarca castellano establece rentas señoriales en Sajambre que incumben al pago de los impuestos que, en las tierras de realengo, se daban a la Corona, por lo que a partir del 28 de agosto de 1306 los sajambriegos estuvieron obligados a pagar a don Alfonso de Valencia.

Fernando IV se dirige a los concejos afectados mediante  un documento de mandato, que no es una «carta abierta de merced» como erróneamente dice su editor, puesto que tiene inicio intitulativo y verbo yusivo. No hay aquí ninguna concesión de merced, sino una orden expresada en un dispositivo de mandato (por que vos mando) con la solemnidad y fuerza legal de los documentos reales intitulativos. Además, si fuera lo que el editor dice iría dirigida a don Alfonso (a quien se concedería la merced) y no a los concejos, a los que en realidad se dirije el rey ordenándoles claramente. Al mismo tiempo, al estar el documento dirigido a los concejos con una orden concreta y no al beneficiario, no sabemos si el monarca pensaba favorecer a su primo con algún privilegio más en Sajambre.

Este documento marca una cesura, pues a partir del 28 de agosto de 1306 el concejo de Sajambre quedaba obligado a satisfacer todas sus obligaciones fiscales a un señor de vasallos que fue titular del Señorío de Valencia (la antigua Coyanza). Como se ha dicho y el propio documento aclara, este Alfonso de Valencia fue hijo del infante de Castilla, Don Juan, hijo a su vez de Alfonso X y hermano de Sancho IV. Don Juan sobrevivió a su hijo don Alfonso hasta 1319 y en 1296, durante los conflictos acaecidos en la minoría de edad de Fernando IV, llegó a proclamarse rey con el nombre de Juan I de León.

El mismo monarca que favoreció los intereses de Alfonso de Valencia en Sajambre, ordenó en 1309 desposeer de todas sus propiedades y derechos (que eran muchos en León) al infante don Juan y a sus dos hijos, Alfonso y Juan El Tuerto, por haber desertado en la toma de Algeciras. Sin embargo, en 1326, los descendientes del infante don Juan seguían teniendo derechos en Sajambre y, por lo que  transmite el documento, esos derechos sobrepasaban las atribuciones fiscales.

A decir de la Crónica de Fernando IV, del Poema de Alfonso Onceno y de los historiadores actuales, tras la muerte de Alfonso de Valencia en 1316, su hermano don Juan (apodado El Tuerto) heredó sus dominios (3). Entre aquéllos debían estar las rentas fiscales de Sajambre y algo más... porque veinticuatro días antes de su asesinato, el 7 de octubre de 1326,  don Juan El Tuerto emitió un documento de mandato escrito en papel, validado con su sello placado de cera amarilla con «figurança de vn león» y otorgado en Valencia de Campos, que iba dirigido a «los omes buenos de Sayame, míos vasallos», donde le vemos ejerciendo funciones de gobierno al ordenar a los sajambriegos que permitieran a los de Valdeón pacer y cortar en el puerto de Carombo, estableciendo sanciones y reglamentando sobre ello (4). Es decir, el contenido y la forma diplomática de este documento de 1326 indican -nítidamente- que don Juan El Tuerto actuó como máxima autoridad judicial en un conflicto concejil. Eso se llama poder jurisdiccional.   

No es lícito negar la expresión de míos vasallos sin más, como se ha llegado a escribir por no encajar en juicios preconcebidos. Lo que hay que hacer es explicar el contenido entero del documento, analizarlo y tratar de comprender los hechos en el contexto de la época, sin perder de vista que contamos con escasísima información directa sobre Sajambre que sea anterior a 1400, por lo que no existe base sólida para negar nada.

De hecho, solo existen 5 documentos (no eclesiásticos) que mencionan específicamente a Sajambre en el siglo XIV: uno de 1304, anterior a lo que narramos y que no se conserva en su forma original, sino en una copia simple tardía, muy poco fiable y con muchos errores; los dos casos de 1306 y 1326 de los que hablamos aquí; otro del 10 de octubre de 1306, en el que solo aparece un Pedro Díaz, notario de Valdeón y de Sayame (5); y uno de 1380, escriturado en Valdeón por un notario señorial, en el que solo se nombran a un par de sajambriegos entre los testigos (6).  De manera que los instrumentos jurídicos verdaderamente útiles a los efectos que aquí tratamos son solo el de agosto de 1306 y el de octubre de 1326, que estamos analizando. A esta escasez de fuentes hay que sumar el silencio generalizado de todo el siglo XIII. Por tanto, no sabemos casi nada sobre el concejo de Sajambre en el 1200 y muy poco en el 1300. 

Ahora bien, es obvio que para que Fernando IV pudiera entregar las rentas fiscales de Sajambre a su primo Alfonso de Valencia, tales derechos debían pertenecerle previamente. Por eso, hasta el 28 de agosto de 1306 tuvieron jurisdicción en Sajambre los dos oficiales reales que se nombran: el Adelantado de León y Asturias, Diego Ramírez de Cifuentes, y el que quizás fuera recaudador, Diego Ramírez Moxino.   

Lo que muestran los documentos de 1306 y 1326 es que la nobleza logró penetrar en las tierras de Sajambre, alcanzando el reconocimiento real de su potestad fiscal en 1306 y competencias jurisdiccionales que fueron efectivas, al menos, en 1326. Para llegar a esta última situación, o sucedió «algo más» en los 20 años que mediaron entre 1306 y 1326, o la concesión de Fernando IV a Alfonso de Valencia en 1306 sobrepasó las atribuciones fiscales. 

Insisto: el documento de 1306 no va destinado al señor de Coyanza, sino a los concejos, a los que se anuncia el cambio que se iba a producir por voluntad real. La causa de la orden aparece en el expositivo y fue la entrega de dichas rentas a don Alfonso. Es decir, diplomáticamente, esa mención solo sirve para explicar el porqué de la orden dirigida a los concejos.  Por eso, no conocemos el alcance exacto de la donación que el rey hizo a su primo en 1306: ¿consistió dicha donación solo en la entrega de las rentas fiscales o hubo algo más que permitió a los siguientes señores de Valencia de Campos gobernar en Sajambre? Desde luego, algo más sucedió en 1306 o después, ya que Juan El Tuerto (o Juan de Haro, que también fue señor de Vizcaya) poseía autoridad jurisdiccional en 1326. 

Se comprenderá ahora por qué estos dos documentos (sobre todo el segundo) son muy incómodos para algunos historiadores locales que siempre han defendido el carácter realengo del concejo de Sajambre (7). Pero es evidente que existió una interferencia señorial durante el siglo XIV que no debiera obviarse ni tergiversarse. 

El problema es que no conservamos, o no conocemos, documentos de esta etapa que ilustren mejor sobre lo sucedido, en parte por avatares del tiempo, en parte por carencia de estudios locales. Hay, por tanto, oscuridad en este episodio de la historia, en el que claramente existieron derechos señoriales en Sajambre y un poder jurisdiccional, eso sí, con fecha de caducidad.

Es muy posible que esa caducidad deba situarse -como muy tarde- hacia 1384, momento de la extinción del Señorío de Valencia, aunque en el caso de Sajambre tampoco sabemos exactamente cuándo se produjo el cambio: si tras la muerte de Fernando Alfonso de Valencia, último representante del linaje, o en algún otro momento.

De otro lado, dadas sus características edilicias y por lo que se dice de ella en un testimonio del 1600, posiblemente la Torre medieval que existió en Oseja y que llegó hasta principios del siglo XX fuera construida en el siglo XIV. Desconocemos si fue edificada por orden de reyes o de nobles, pero sin duda fue testigo de una época convulsa que, hoy por hoy, solo podemos atisbar entre las rendijas que son los escasos documentos conservados.   

Por último, que nadie vea en estos vaivenes una excepcionalidad, sino un episodio más de los muchos y multiformes intentos de la nobleza por hacerse con las tierras del rey. Don Alfonso de Valencia, nieto de Alfonso X, gozó de rentas señoriales en Sajambre desde 1306. Esto es un hecho. Y su hermano, don Juan, tuvo competencias jurisdiccionales en Sajambre. Esto es otro hecho.

No hay por qué negarlo, solo comprenderlo. Y, por supuesto, estudiarlo. 


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NOTAS

(1) José Antonio Martín Fuertes, Documentos de la Catedral de León (1301-1350), León, 1995, p.103.
(2) Diego Ramírez de Cifuentes fue señor de Almanza y Cifuentes, y había sido Adelantado Mayor de León y de Asturias hasta 1300. Fue uno de los caballeros, al servicio de doña María de Molina, que cercó la villa de Mayorga en 1296, durante la guerra sucedida en la minoría de Fernando IV. Por su parte, Diego Ramírez Moxino aparece como testigo en Sajambre en un documento de 1304 conservado en una copia tardía muy defectuosa. No tenemos otra noticia de él, aunque en la Crónica de Alfonso XI se menciona un Gonzalo Ramírez Moxino, caballero al servicio del rey.  
(3) Antonio Benavides, Memorias de Don Fernando IV de Castilla, t.I, Madrid, 1860, capítulo XII. Sobre los problemas de sucesión y existencia misma del señorío de la Valencia leonesa, me remito a José Luis Gavilanes Laso, “Portugal y Valencia de Don Juan. Dos engarces medievales”, Tierras de León, vol.38, n.109-110 (2000), pp.45-62; en este caso, p.52.
(4) Elena E. Rodríguez Díaz, Valdeón: Historia y Colección diplomática. El Occidente de Picos de Europa en la Edad Media, Oviedo, 2000, pp.224-225.
(5) El documento de octubre de 1306 está editado íntegramente en ibídem, pp.221-222.
(6) Ibídem, pp.226-227.
(7) En los documentos de la Merindad de Valdeburón (siglo XV), los cinco concejos que la formaban argumentaron que "ellos siempre habían pertenecido a la Corona", dando a entender su carácter realengo. Esto se ha aceptado al pie de la letra, cometiendo el error metodológico de hacer extensivo lo sucedido en un siglo concreto a toda la Baja Edad Media. Pero lo que fue una realidad en el siglo XV no tuvo por qué haberlo sido con anterioridad y, sobre todo, no tuvo por qué afectar por igual a los cinco concejos, por mucho que se utilizara como argumento procesal.  Por cierto, hay que aclarar que cada vez que en un documento medieval se usaban las expresiones "de tiempo inmemorial a esta parte" o "del tiempo que memoria de hombres non era en contrario", usadas para defender la antigüedad de algo, solía interpretarse como (aproximadamente) unos cincuenta años.