jueves, 14 de junio de 2018

LOS CAMINOS HISTÓRICOS DE SAJAMBRE: PERIODIZACIÓN DE LAS OBRAS EN LA SENDA DEL ARCEDIANO


Gracias a las fuentes escritas que vamos reuniendo, cada vez podemos documentar mejor los caminos históricos que cruzaban Sajambre y la parte leonesa de lo que hoy es el Parque Nacional de Picos de Europa. En esta ocasión, vamos a centrarnos en una parte del antiguo Camino Real, que se conoce como Senda del Arcediano, por haber sido remodelada por el arcediano de la catedral de Oviedo, llamado Pedro Díaz de Oseja (c.1580-1665). 

No voy a referirme a la historia de dicho camino real, por haberlo hecho en otros lugares. Lo que voy a hacer ahora es una síntesis de lo que vamos sabiendo sobre el tramo mencionado.

PRIMERA ETAPA: ANTES DE 1642  


En su testamento del año 1665, don Pedro Díaz de Oseja manifestaba que él ya había gastado parte de su fortuna en arreglar los caminos principales que atravesaban su Sajambre natal. Los documentos conservados confirman estas palabras. Sabemos que las obras de lo que, con el tiempo, se habría de llamar Senda del Arcediano se habían iniciado antes del año 1642 y que, para entonces, se estaba trabajando en el término del concejo de Amieva (Asturias), junto a la majada de Saúgu.

En dicho lugar existió una venta desde el siglo XVI, pero en aquella fecha de 1642 el Arcediano costeaba la construcción de una hospedería para caminantes y la capilla anexa, dedicada a la Virgen María, que se documenta a partir de 1642 y que seguía existiendo a mediados del siglo XVIII. El albergue y la capilla ya estaban terminados a finales del mes de septiembre de 1642.

SEGUNDA ETAPA: 1643-1701  


Consta que en el año 1643 se estaba trabajando en el término de Soto de Sajambre y que la mano de obra era local. Es decir, que los vecinos de dicho lugar colaboraron en el empedrado y remodelación del camino real a su paso por dichas tierras. 

En los 58 años que mediaron entre 1643 y 1701 se avanzó en la obra comprendida entre los términos de Soto y los de Berrunde, ya en Oseja. Dicho de otra manera, se tardó 58 años en cubrir la distancia entre Beza/Soto y la Portilla de Berrunde.   

TERCERA ETAPA: 1701-1708  


En el año 1701, el Concejo de Sajambre contrata a un perito de cantería para trabajar en las pedreras de Berrunde, en concreto, para continuar la obra entre la Portilla de Berrunde y Los Trabanzos. Este perito de cantería era de Llanes (Asturias) y se llamaba Martín Sánchez del Toro. Los sajambriegos le pagaban 3’5 reales por cada braza al cuadrado (1). No puede calcularse que los sajambriegos tuvieran capacidad para costear un total de 82’85 brazas anuales, en base al presupuesto que poseían de 220 reales al año, ya que en esa financiación había que incluir también el coste del trabajo en el camino del Beyo, que se realizaba simultáneamente al del camino real. 

Del documento se deduce que este “perito” trabajaba con más gente, seguramente ayudantes y aprendices. Por documentos posteriores sabemos que la mano de obra no cualificada estuvo formada por vecinos del concejo de Sajambre, lo que confirma lo detectado en el documento de 1643.  Una vez terminado el trabajo de empedrado, este debía ser inspeccionado por «personas peritas del oficio o las que el concejo nombrare».   

El problema fue que los albaceas testamentarios del Arcediano, que fueron los canónigos de la catedral de Oviedo, se retrasaban en el libramiento de los 20 ducados de vellón anuales (220 reales) que estaban obligados a enviar a Sajambre para la obra de los caminos. En el mes de junio de 1708, la catedral de Oviedo debía a Sajambre 180 ducados, es decir, el equivalente a 9 años. La petición que el notario público del Número, Agustín Piñán de Cueto Luengo, traslada a los señores canónigos, en representación de los vecinos de Sajambre y que se ha conservado en el archivo de su familia, permite conocer la parte del camino en la que se estaba trabajando desde el año 1701: «desde la Portilla que llaman de Berrunde hasta el collado do dizen Los Trabanzos».   


CUARTA ETAPA: DESPUÉS DE 1708 


El 24 de junio de 1708 todavía no se había llegado a Los Trabanzos. Hacía ya 43 años que había muerto el Arcediano y más de 66 años desde que se habían iniciado los trabajos de remodelación del camino real.  Desde Los Trabanzos al Collado de Pontón quedaba todavía un buen trecho que, además, tenía bastante dificultad por la orografía y el desnivel que debía salvarse.

Además, hay que recordar que en el presupuesto disponible se debía incluir el trabajo en el camino del Beyo, lo que ralentizaba el avance de la obra en la Senda del Arcediano. No obstante, en el año 1708, el camino del Beyo estaba casi terminado, a falta tan solo de un puente.

Si a todo esto se suma que los canónigos de la catedral de Oviedo solían demorarse en los pagos, no sería nada arriesgado suponer que la obra caminera que estudiamos sufriera varios retrasos.  Por tanto, no nos extrañaría que lo que hoy se conoce como Senda del Arcediano tardara alrededor de un siglo (o más) en concluirse.

Por último, toda la obra que hoy se observa y se conserva a lo largo de este tramo, es decir, entre el Collado de Angón y el Collado de Pontón, data de esta remodelación descrita. Dado el estado actual de la investigación, no creo que pueda detectarse en la Senda del Arcediano nada anterior a la Edad Moderna. Del camino medieval no debe quedar nada y menos todavía si se llegara a confirmar la mayor antigüedad del mismo. Para buscar indicios materiales anteriores al siglo XVII, se debe investigar en tramos del Camino Real del Oriente diferentes al sajambriego. 


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NOTAS


(1) El documento dice claramente “braza”. Está editado en Elena E. Rodríguez Díaz, “La Senda del Arcediano y el camino del Beyo: nuevos documentos para su historia”, Boletín de Letras del Real Instituto de Estudios Asturianos, 175-176 (Oviedo, 2010), pp.95-116. También se habla del Camino Real en Elena E. Rodríguez Díaz, “Carreteros y arrieros de Sajambre. El intercambio de mercancías en la Montaña Oriental leonesa (ss. XVI-XVIII)”, Estudios Humanísticos. Historia, 14 (León, 2015), pp.39-71.

martes, 10 de abril de 2018

«CAPÍTULOS DE BUEN GOBIERNO» DE LA MERINDAD DE VALDEBURÓN (1823)


Cuando estaba a punto de cerrarse el Trienio Liberal (1820-1823) y no había terminado la intervención militar de los llamados Cien Mil Hijos de San Luis, que devolverían el poder a Fernando VII restaurando el Absolutismo, el merino mayor de Valdeburón, a la sazón Francisco Rodríguez, dictó varias órdenes tocantes a asuntos de justicia, entre las que se hallaba la condena de los principios constitucionales. Como se sabe, el 31 de agosto de 1823, los franceses, al mando del duque de Angulema, terminaron con la resistencia de los liberales en la batalla de Trocadero (Cádiz) dando inicio a la Década Ominosa (1823-1833).

En el mes de junio de 1823, el general Burcke, del contingente francés, pasó por la ciudad de León en dirección a Asturias y a Galicia (1). Consta que a mediados del mes julio, los concejos de la Merindad  ya habían abolido la Constitución de 1812, pues el día 16 de dicho mes el merino mayor promulgó una ordenanza (designada como «capítulos de buen gobierno») que se ha conservado en el Archivo de la Casa Piñán y que ahora editamos, en la que se anulan las libertades alcanzadas durante el Trienio Liberal.

Dicho documento trata también sobre la celebración de los concejos vecinales, algunas obligaciones concejiles y sobre el procedimiento administrativo en la práctica judicial. Su contenido ordenado es el siguiente:

En primer lugar, el merino ordena que cualquier recurso que se eleve a su persona (como juez en segunda instancia que era) tenía que ir redactado y presentado por abogado, algo que ya se había empezado a hacer en el siglo XVIII, pero que no todos cumplían.  

Se establece el mismo requisito para los juicios en primera instancia, ante los jueces ordinarios, al tiempo que se recuerda que tales asuntos debían escriturarse ante los notarios públicos de los concejos y no ante el fiel de fechos, capacitado legalmente para eso solo en el caso de no existir escribano público. Y así era en efecto, porque el fiel de fechos era el equivalente al actual secretario de ayuntamiento, cuya función era la de dar forma a los documentos municipales, pero no a los particulares o judiciales existiendo en la tierra notarios públicos. El escribano o notario público y el fiel de fechos son dos figuras diferentes que, a menudo, se confunden, pero cuyas competencias estaban claramente separadas en la normativa de la época. El merino insiste en la irregularidad que existía al recurrir al fiel de fechos y no al escribano público para redactar documentos judiciales. Las fuentes conservadas indican que esta práctica, que aquí se condena, solía ser frecuente.  

En el capítulo tercero se regulan varias cosas relativas a las obligaciones vecinales. Primero, se recuerda la necesidad de tener arreglados los caminos, fuentes y puentes en cada lugar. A continuación, se reglamenta el comportamiento que los miembros de los concejos vecinales debían guardar, sobre todo «con silencio, modestia y compostura, hablando cada uno por su orden, según vayan pidiendo la palabra, y no dos o más a un tiempo»; y se establece que tales reuniones no duren más de una hora, fijando penas monetarias y de cárcel para el vecino que se excediera y para el regidor que lo tolerase.

En cuarto lugar, se regula el comportamiento de los procuradores y de los «llamadores» o encargados de remitir las convocatorias.

En el quinto capítulo se ordena proporcionar copia de dicha ordenanza a todos los pueblos de cada uno de los concejos de la Merindad, obligando a las autoridades locales a asegurar su cumplimiento.

En sexto lugar, se ordena suprimir de todas las ordenanzas municipales los capítulos que tuvieran contenidos relacionados con el «extinguido sistema revolucionario». Una de las afectadas pudo ser la del concejo de Sajambre. Me refiero, en concreto, a las ordenanzas manuscritas que se conservan en el Archivo del Ayuntamiento, mal datadas tradicionalmente por tratarse de una copia simple del siglo XIX. La redacción de algunos de sus capítulos parecen reflejar lo que establece la Constitución de Cádiz.

Y, por último, se prohíbe cantar canciones políticas que causen alborotos o bullas, dejando claro que «si por desgracia todavía hubiese algunos perversos que de noche o de día, en público o secreto, tengan osadía de cantar Trágalas, Lariones y otras canciones semejantes, sean inmediatamente presos con todo rigor».

El ya citado José García de la Foz alude en 1867 a los frecuentes disturbios que existieron en los pueblos de la provincia de León, al igual que en el resto de España, a causa de los cantos del Trágala, a los que «sucedieron los de la Pitita, y las purificaciones y las venganzas personales» (2).  

De todas estas canciones «patrióticas» que enardecían a los seguidores de una u otra causa, la más conocida es la del Trágala que, con diferentes versiones, se cantó también durante la Guerra Civil de 1936-1939. Y la menos conocida fue la de los Lariones, cuyo estribillo festejaba una España sin reyes y sin súbditos: «Lairón, lairón, muera todo Borbón».

Para el Trágala, compuesto en 1820, y la Pitita de 1823 recomiendo la versión de Joaquín Díaz, contenidas ambas en el disco titulado Canciones de la Guerra de la Independencia (ns. 15 y 16). 

A continuación, editamos el documento guardado en el Archivo de la Casa Piñán. 

1823, julio, 16. Burón. 
Ordenanzas promulgadas por Francisco Rodríguez, merino mayor de la Merindad de Valdeburón, y dirigidas a los cinco concejos de su distrito, tras abolirse en la tierra la Constitución de 1812 y las libertades alcanzadas durante el período de 1820-1823.
   A. Oseja de Sajambre, Archivo de la Casa Piñán.
 
[Encabezamiento:] Capítulos de buen gobierno del señor merino.

Don Francisco Rodríguez, Merino Justicia Maior de esta Real Merindad de Valdeburón por el rey nuestro señor, que Dios guarde.

Por el presente y su tenor mando a las justicias ordinarias, rexidores generales, concejiles, oficiales públicos, vecinos y moradores de los cinco concejos que componen esta dicha real merindad, que durante el presente año guarden, obserben, hagan guardar y cumplir los capítulos de buen gobierno siguientes:  

Que no siendo por asumptos de cortés importancia, no se admita recurso alguno en esta superioridad sin que venga formado de letrado y con poder a vecino de esta villa si se sigue la causa a segundas diligencias.

Que esto mismo se obserbe y execute en los juzgados de  ordinarios respecto de toda petición y demanda sin que ningún juez pueda actuar con fiel de fechos, aviendo escribano dentro de la jurisdicción, y no aviéndole se valga precisamente de fiel de fechos de conocida suficiençia, mas no de qualquiera con conocido perjuiçio de los litigantes suele subceder resultando informalidades que imbalidan el progreso de las causas lo que obserben los jueces inferiores, pena de veinte ducados y de toda responsabilidad por qualquier omisión que en esto se adbierta.

Que los mismos sean vigilantes y celosos en hacer que los caminos, puentes y fuentes de sus distritos estén bien repasados y compuestos. Y que en los concejos de los pueblos y juntas de sus respectibas jurisdicciones se guarde el maior silencio, modestia y compostura, hablando cada uno por su orden, según vaian pidiendo la palabra, y no dos o más a un tiempo, sin que concejo ninguno pueda durar de una hora arriba, pena de mil maravedís por cada contrabenidor, así juez o rexidor concejil que lo tolere, como al vecino que se exceda, además de un día de cárcel, de donde no saldrá sin que primero pague la multa.

Que los procuradores generales quando sean llamados concurran puntualmente a la hora señalada, pena de dos mil // (f.2r) marabedís. Y en la misma incurran los llamadores que se descuiden en embiar a tiempo las combocatorias.

Que de estos capítulos se pase un inserto a cada concejo por medio de los procuradores para que en sus respectibos ayuntamientos se saquen tantas copias quantos sean los pueblos del distrito, embiando cada juez testimonio de averse fijado en todos y encargando a las justicias su mayor cumplimiento y obediencia.

Que en todo lo que las ordenanzas municipales de los pueblos de esta Merindad no tengan roce, conexión, ni relación con el extinguido sixtema rebolucionario, se guarden, cumplan y executen puntualmente, tildando y borrando primero los indicados capítulos que tengan afinidad o apoyo en el proscrito régimen llamado Constitucional, bajo las penas que en cada artículo comprenda.

Que no se canten canciones, ni se causen alvorotos y bullas, especialmente de noche por las calles. Y si por desgracia todavía ubiese algunos perbersos que de noche o de día, en público o secreto, tengan osadía de cantar Trágalas, Lariones y otras canciones semejantes, sean inmediatamente presos con todo rigor, formándoseles la competente causa y dando parte para acordar probidencias, pena al juez ordinario o concejil que fuese omiso de cinquenta ducados y demás que haya lugar en justicia.

En cuia consecuencia, mando expedir el presente.

Dado en la villa de Burón, a diez y seis de julio de mil ochocientos veinte y tres.

Por ausencia del señor merino, como teniente Thorivio Álvarez Sánchez (rúbrica).
Por su mandado, Juan Bautista Gómez de Caso (rúbrica).

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NOTAS
(1) y (2) José García de la Foz, Crónica de la provincia de León, Rubio y Compañía, Madrid, 1867, vol. de su Crónica general de España [Ed. Valladolid, Editorial Maxtor, 2002] p.82. 

sábado, 28 de octubre de 2017

LA MERINDAD DE VALDEBURÓN EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS (1494-1678)



1. INTRODUCCIÓN

Lo que voy a hacer a continuación no es un estudio a fondo del problema, ni mucho menos, pues un blog de divulgación no es lugar para ello. Esta cuestión exige el análisis profundo de una de las etapas más interesantes y mejor documentadas de la historia de Sajambre y de la Merindad de Valdeburón. Lo que pretendo es, simplemente, dar a conocer ciertos documentos y dejar planteadas algunas cuestiones que transmiten las fuentes primarias (unas conocidas y otras inéditas) del período que comprende los años finales del siglo XV, el siglo XVI y una gran parte del siglo XVII, con la esperanza de que alguien se anime a escribir la Historia de la Merindad de Valdeburón con rigor científico, desde sus orígenes remotos en el siglo XIV hasta su abolición en el siglo XIX. 

En dicho trabajo sería necesario utilizar el conjunto amplio y muy diverso de fuentes conservadas, muchas de ellas inéditas, sobre la institución de la Merindad, sus concejos, sus merinos mayores, sus ordenanzas, sus oficiales, su funcionamiento interno, etc. Hay fuentes suficientes para escribir un libro voluminoso sobre el tema y, además, dichas fuentes contradicen lugares comunes que se han ido repitiendo sin crítica y sin el suficiente fundamento, por no haber contrastado adecuadamente toda la documentación conservada entre sí y con sus respectivos contextos históricos. 

2. LA MERINDAD DE VALDEBURÓN EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Poco después de acceder al trono de Castilla, la reina Isabel confirma a la Merindad de Valdeburón el privilegio de 1458 que reconocía su carácter realengo. Pero no confirma otro privilegio posterior, de 1467, donde figuraba la potestad de los Cinco Concejos para elegir merino por sí mismos quedando vinculados a la ciudad de León. En 1480, tras finalizar el conflicto con Juan de Tovar, se vuelve a confirmar únicamente el privilegio de 1458. 

Al no ratificar la concesión de 1467, quedaba establecido el marco jurídico que permitiría a la reina Isabel la Católica adscribir la Merindad de Valdeburón al Principado de Asturias, lo que sucedió el 30 de noviembre de 1494 (1). Entre esta fecha de 1494 y el 1 de junio de 1678, Valdeburón va a formar parte del distrito jurisdiccional asturiano, bajo la autoridad de los gobernadores del Principado.

No habían pasado tres años desde la adscripción de la Merindad de Valdeburón a Asturias, cuando el 5 de mayo de 1497 los Reyes Católicos se ven obligados a ordenar a los concejos de la Merindad que obedecieran a los oficiales del Principado, ante la negativa de algunos de ellos a reconocer su autoridad, alegando que ellos no eran «obligados a lo fazer» (2). Los reyes, entonces, ordenan a Burón, Valdeón, Sajambre, Maraña y Salamón obedecer a los asturianos bajo las penas que el propio Principado decidiera imponerles si no acataban las órdenes reales.  En estos años, Asturias había nombrado como lugarteniente del corregidor del Principado en la Merindad de Valdeburón a Juan de Granda, sin que los documentos digan nada sobre su procedencia. Y aunque, con el tiempo, el apellido Granda llegaría a abundar en Sajambre, también estaba muy extendido en Asturias, de donde procedía.     

En 1504, la Merindad de Valdeburón seguía  sometida a Asturias, como se lee en un apunte de uno de los registros de la cancillería real castellana: 
 
«En Medina del Campo, a XXVII días del mes de jullio de DIIIIº annos, se dio vna carta firmada del rey e de la reyna, nuestros senores, e refrendada del secretario e sennalada de los del Consejo, por la qual sus altezas proueen del corregimiento del Prinçipado de Asturias e villas de Cangas e Tineo e Merindad de Valdeburón a Juan Rodríguez de Puertocarrero» (3).

Esta dependencia de los asturianos supuso la pérdida de algunas de las libertades ganadas en el siglo XV. De entrada, todo lo relativo a la administración de Justicia por vía de apelación (segunda instancia) se resolvía ante el corregidor del Principado o, cuando existía, ante el merino mayor. Mientras estuvo sujeta a Asturias, la Merindad perdió la capacidad para elegir al merino mayor entre los candidatos de sus concejos, siendo el gobernador de Asturias el que elegía y designaba al merino, lo que después ratificaba la Junta General del Principado. Pero, además, los asturianos intentaron gobernar la Merindad mucho más allá de las atribuciones legalmente reconocidas, interfiriendo en la actividad de los jueces ordinarios que, en cada uno de los concejos, resolvían los pleitos y querellas en primera instancia. En la práctica, todo esto suponía un gobierno de facto del Principado sobre la Merindad en casi todos los aspectos de su vida cotidiana.  

No obstante, los concejos leoneses perseveraron en la defensa de los privilegios anteriores a 1494. En 1517 y 1559 hay documentos que hablan de la resistencia a reconocer a las autoridades que el Principado enviaba a la Merindad para juzgar las causas en primera instancia, apelando los Cinco Concejos a las justicias superiores del reino. En 1562 y 1564, la Merindad gana sentencias de la Real Chancillería de Valladolid donde se reconocía su potestad para nombrar jueces ordinarios por sí mismos, prohibiendo al Principado las injerencias en la justicia de primera instancia, aunque reconociendo su jurisdicción en la segunda.  Por eso, en 1576, Diego de Ribera era merino mayor en Valdeburón por designación del Principado de Asturias. 

A finales de 1622, Valdeburón sigue formando parte del distrito jurisdiccional de Asturias. Así se recoge en el acta de la Junta General del Principado, reunida en Oviedo el 3 de noviembre de 1622. En dicha Junta se aprobaron las ordenanzas sobre la administración de justicia, que afectaban a todos los concexos deste Prinçipado y más su distrito, donde aparece la Merindad de Baldeburón (4). 

Lo mismo sigue sucediendo en 1633, cuando el gobernador del Principado «nombró por merino mayor de Baldeburón a Alonsso Ramírez Jove» y a «Juan Sánchez por alguaçil mayor de los Çinco Conçejos», aprobándose en la Junta General del 26 de junio (5). 

Los documentos conservados en el Archivo de la Casa Piñán de Oseja de Sajambre dan fe de esta dependencia en los años 1665, 1667, 1668, 1669 o 1670, mediante autos y sentencias emitidos por el gobernador de Asturias y dirigidos a vecinos de Sajambre. Y en las actas de la Junta General del Principado de 1672, la Merindad sigue apareciendo bajo su autoridad (6). 

En esta etapa de dependencia del Principado es cuando tres miembros del linaje de los Gómez de Caso consiguieron ser nombrados merinos mayores de Valdeburón. Es decir, parece que el acceso de, al menos, tres miembros de esta familia al oficio público más codiciado en la comarca no se produjo por elección directa y democrática de sus convecinos, sino por designación de Asturias  en la etapa en la que la Merindad dependió del Principado, cuyos gobernadores –recordémoslo- designaban  a los merinos mayores de Valdeburón, hoy diríamos, «a dedo».  Lo mismo parece que sucedió con Leonardo García, natural de Amieva, casado en Soto de Sajambre con una hermana del arcediano de Villaviciosa, Diego de la Caneja, y suegro de los Gómez de Caso. En cambio, no sucedió así con su hijo, Leonardo García de la Caneja y Mendoza, que accedió al cargo cuando la Merindad había recuperado su independencia.  

En varias noticias de 1675, 76, 77 y 78, transmitidas en las actas de la Junta General del Principado de Asturias, consta que «se está litigando pleyto con la Merindad de Baldeburón por la jurisdiçión de la primera y segunda ynstanzia» y «sobre pretender [la Merindad] eximirsse desta jurisdizión», llegando los asturianos a escribir «a su alteza el señor don Juan de Austria y a los señores de dicho Real Consejo donde pasa, y a los de la Cámara, suplicándoles faborezcan la pretensión del Principado, significándoles la razón y justicia que le asiste; y lo mismo al señor presidente de Castilla. Y se acordó se escriban las dichas cartas en la forma referida». Se toma este acuerdo el 15 de agosto de 1677 (7). 

Finalmente, en la reunión de la Junta del 1 de junio de 1678, se notifica la llegada a Oviedo de un privilegio de la Cámara de Castilla que reconocía la independencia de la Merindad de Valdeburón de la jurisdicción del Principado de Asturias. El acta de dicha Junta se expresa de la siguiente manera: 

«Concexo de Baldeburón. Estado de los negoçios del Prinçipado.

Entre otros negoçios ocurrentes al yngresso de mi ofiçio fue el haver sacado privilexio, por la Cámara de Castilla, el concexo de Baldeburón, eximiéndose de la subordinaçión que siempre tubo a la juridiçión de los señores gobernadores. Y siendo negoçio de tan alta consideraçión en limitar los términos de la jurisdiçión de el gobierno, o privado de la creazión de merino mayor de aquel conzejo, y de perjudiçial conssequençia para otros de los conçexos unidos, se letigó en justiçia, en donde, por sentençia de revista, se mandó ussar de el nuebo previlexio conçedido» (8).

El documento hace referencia a otro de 1677, que fue desestimado, reconociéndose los antiguos derechos de la Merindad de Valdeburón a elegir merino libremente y a no depender del Principado de Asturias. No obstante, el conflicto seguiría abierto hasta 1719, cuando el rey Felipe V cierra definitivamente el asunto al impedir que la Merindad de Valdeburón quedara incluida en la jurisdicción de la Audiencia de Oviedo. Finalizaban así casi dos siglos (exactamente 184 años) de pertenencia de la Merindad de Valdeburón a la jurisdicción del Principado de Asturias.

Como advertí al inicio de este artículo, este interesantísimo período histórico necesita un estudio más detallado, pero una de las cosas que debe entenderse es que los merinos mayores de Valdeburón no siempre fueron elegidos democráticamente por los concejos que formaron la Merindad. Asimismo, dichos concejos no siempre tuvieron suficiente autonomía para gobernarse como lo habían hecho en la Baja Edad Media.  Otra cosa es la memoria o memorias que se fueron construyendo con el paso del tiempo, debido a intereses familiares o colectivos, que también tendrían que estudiarse.

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NOTAS
(1)   Archivo General de Simancas, Registro General del Sello (RGS), leg.149411, n.314.
(2)  Archivo General de Simancas, RGS, leg.149705, n.106.
(3)  Archivo General de Simancas,  Cámara de Castilla, Libros registro de cédulas, lib.9, 174, 2, apunte 919.
(4)  Josefina Velasco Rozado y José Tuñón Bárzana, Junta General del Principado de Asturias. Actas históricas, t.I, vol.1, Oviedo: Junta General del Principado, 1997, p.460.
(5)  Josefina Velasco Rozado y José Tuñón Bárzana, Junta General del Principado de Asturias. Actas históricas, t.I, vol.2, Oviedo: Junta General del Principado, 1997, p.642.
(6)  Josefina Velasco Rozado y José Tuñón Bárzana, Junta General del Principado de Asturias. Actas históricas, t.IV, Oviedo: Junta General del Principado, 2004, p.19.
(7)  Josefina Velasco Rozado y José Tuñón Bárzana, Junta General del Principado de Asturias. Actas históricas, t.V, Oviedo: Junta General del Principado, 2007, pp.110, 164, 168, 174, 207, 213, 225, 242, 248, 255.
(8)  Ibídem, p.338.