El 7 de agosto de 1849, Isabel II concede a Ignacio Díaz-Caneja, obispo de Oviedo, la Gran Cruz de Isabel la Católica por recomendación del Ministro de Estado, don Pedro Pidal. El 10 de septiembre, Joaquín Díaz-Caneja solicita a la reina que del mucho dinero que el Estado le adeuda por su título de Comendador de la Orden de Isabel la Católica, se pague la expedición del título de la reciente gracia concedida a su hermano.
Resulta interesante leer el contenido de la solicitud elevada a la reina por Joaquín Díaz-Caneja, que aquí edito en fotografía y transcripción, por dos motivos. Por un lado, observamos cómo la Corona concedía mercedes y privilegios a sus súbditos, cuyas obligaciones económicas no respetaba, dejando a deber a algunos beneficiados (en este caso a don Joaquín) el montante de la pensión derivada de los títulos concedidos.
El otro aspecto es la práctica de la Cancillería real que, desde la Edad Media, funcionaba de la misma manera a estos efectos: cuando el monarca decidía emitir un documento, el coste de la escrituración y expedición del mismo corría a cargo del beneficiario. En este caso, el título de la Orden de Isabel la Católica le costaba a don Ignacio Díaz-Caneja 3.000 reales.
No creo posible que el interesado no tuviera esta cantidad, como argumenta su hermano en la solicitud dirigida a la reina. Lo que creo es que don Joaquín aprovechó la situación para reclamar al Estado lo que se le debía a fin de que el Estado mismo se hiciera cargo de las tasas de cancillería.
La reina otorga el visto bueno a la solicitud de don Joaquín una semana después de la petición. He publicado ya, a continuación, primero las imágenes de ambos documentos y después sus transcripciones.
Resulta interesante leer el contenido de la solicitud elevada a la reina por Joaquín Díaz-Caneja, que aquí edito en fotografía y transcripción, por dos motivos. Por un lado, observamos cómo la Corona concedía mercedes y privilegios a sus súbditos, cuyas obligaciones económicas no respetaba, dejando a deber a algunos beneficiados (en este caso a don Joaquín) el montante de la pensión derivada de los títulos concedidos.
El otro aspecto es la práctica de la Cancillería real que, desde la Edad Media, funcionaba de la misma manera a estos efectos: cuando el monarca decidía emitir un documento, el coste de la escrituración y expedición del mismo corría a cargo del beneficiario. En este caso, el título de la Orden de Isabel la Católica le costaba a don Ignacio Díaz-Caneja 3.000 reales.
No creo posible que el interesado no tuviera esta cantidad, como argumenta su hermano en la solicitud dirigida a la reina. Lo que creo es que don Joaquín aprovechó la situación para reclamar al Estado lo que se le debía a fin de que el Estado mismo se hiciera cargo de las tasas de cancillería.
La reina otorga el visto bueno a la solicitud de don Joaquín una semana después de la petición. He publicado ya, a continuación, primero las imágenes de ambos documentos y después sus transcripciones.
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